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BOLETÍN DE PRENSA 14 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
LO QUE HAN GANADO LOS INDÍGENAS CON LA CONSTITUCIÓN DE 1991
¿Ganaron o perdieron las comunidades indígenas con la nueva Constitución Política de Colombia?
Las respuestas pueden ser tan variopintas como la misma diversidad étnica y cultura que respeta la Carta Magna. Pero el inconformismo se asoma tantas veces como el optimismo cuando responden los representantes de estas comunidades.
Inconformismo, porque sienten que aún el Estado les debe el cumplimiento de esa amplia oferta de derechos que les ofrecieron los constituyentes de 1991 y optimismo porque sienten que no pueden negar que lograron un reconocimiento político para iniciar una lucha que, según ellos, podría durar otros 20 años.
"La principal ganancia es el espacio político que se nos da. Tenemos dos curules permanentes en el Senado", dice Lot Usiel Villazón, de la comunidad de los kankuamos, cuando hace un balance. De hecho, estos espacios permitieron mostrar un nuevo liderazgo que, en algunos casos, se transformaron en experiencias positivas como la gobernación de Floro Tunubalá, el primer indígena en administrar el departamento del Cauca, una zona de tradicional dominio liberal y conservador.
Otras experiencias han sido menos gratas: el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, de los embera, ha tenido una discreta actuación en ese órgano de control, después de que la Fiscalía anunció una investigación para determinar si tuvo algún nexo con la intervenida captadora ilegal de dineros DMG.
Con buenas o malas experiencias, los indígenas lograron ganar y construir un espacio político que los llevó a asumir una forma de organización partidista, que hoy tiene su expresión en la Alianza Social Indígena y las Autoridades Indígenas de Colombia, este último dice tener la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ser la colectividad más transparente en el manejo de sus cuentas.
Pero los espacios no han sido suficientes. "La Constitución es apenas el comienzo de una lucha por exigir otros de nuestros derechos", dice Alberto Cuacés, de la comunidad de los pastos. Aunque a los indígenas se les reconoció sus derechos territoriales en los resguardos y reciben transferencias del Estado central, aún no han podido desarrollar proyectos productivos.
Es el caso de los kankuamos, dice Villazón, tienen derechos colectivos sobre la tierra, pero no han podido conseguir créditos bancarios, porque sus fincas no pueden ser hipotecadas y las entidades financieras les exigen un activo de respaldo que, por ahora, no tienen. "En el derecho al territorio no hemos avanzado. La lucha ha sido complicada con el Estado", insiste Cuacés.
Pese a estas dificultades, los indígenas han sido los grandes protagonistas del tema ambiental. La Corte Constitucional destaca como uno de sus principales fallos el que les reconoció a los U'wa el derecho a ser consultados antes de iniciar un proyecto de exploración sísmica en el Parque Nacional Tamá y en El Cocuy.
La sentencia, del 3 de febrero de 1997, se convirtió en una jurisprudencia que ha seguido causando efectos: la Ley Forestal y el Código Minero, aprobados en la administración del ex presidente Álvaro Uribe no pasaron el examen de constitucionalidad, porque los legisladores no tuvieron en cuenta la opinión de los indígenas y de otras minorías.
Aún así, la lección parece que no ha sido aprendida del todo, dice Martín Tenganá, ex senador indígena. La reciente aprobación de la Ley de Víctimas, la norma más importante de los últimos años, no fue consultada con los indígenas. "Nosotros somos víctimas de la masacre de El Nilo, en el Cauca, y no nos pidieron una sola consulta", afirma Tenganá.
Aunque la solo consulta previa que reconoció la Corte Constitucional es un avance, los 102 pueblos indígenas aún esperan que se consolide una jurisdicción indígena. El Consejo Superior de la Judicatura ha hecho algunos desarrollos, pero sin resultados definitivos.
Por lo pronto, la comunidad de los pastos ya creó lo que llaman universidad intercultural en la localidad de Guachucal (Nariño), donde esperan formar a sus jueces y magistrados. "Lo ideal sería tener una corte constitucional indígena", remata Tenganá.
Por último, en el derecho a la vida, el millón 800 mil indígenas que hacen presencia en 430 municipios de 27 departamentos siguen en la mira de los violentos. Ellos han optado por declarar, en algunos casos, su neutralidad en el conflicto y han asumido el valioso papel de denunciar cualquier violación de los Derechos Humanos o infracción al Derecho Internacional Humanitario, una muestra más de que han ganado respeto y espacio político, pero también una prueba más de que la Constitución y el país les sigue debiendo.
José Antonio Sánchez
POR NUEVA PRUEBA PIDEN REVOCAR CONDENA CONTRA CORONEL (R.) PLAZAS VEGA
Plazas Vega fue sentenciado en primera instancia a 30 años por los desaparecidos del Palacio.
El testigo estrella del caso dijo que nunca declaró y que fue suplantado.
Luego de que el cabo retirado Édgar Villamizar, considerado el testigo estrella en el proceso del Palacio de Justicia, se presentara en la Procuraduría General y afirmara que nunca declaró y que fue suplantado, ya que ni siquiera la firma del testimonio coincide con la suya, el Ministerio Público pedirá revocar la condena del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, sentenciado en primera instancia a 30 años de cárcel por los desaparecidos del Palacio.
Villamizar aseguró, en su denuncia ante la Fiscalía, que nunca estuvo en la Escuela de Caballería, que tampoco presenció el holocausto, y que por lo tanto no tuvo contacto con el coronel Plazas.
"Quiero dejar bien claro, y estando libre de presión alguna, y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico, que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. Segundo, no he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega (...) y nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería", dijo Villamizar la semana pasada en la Procuraduría.
El Ministerio Público también pedirá que se reabra el proceso en la Corte contra la fiscal delegada Ángela Buitrago, por supuesta suplantación de testigo.
La Procuraduría señaló que en su declaración "El señor Villamizar Espinel" dijo: "para la época de la toma del Palacio de Justicia yo me encontraba en la Séptima Brigada, perteneciente al B2, y mi función era que la gente que solicitara la compra de un arma no tuviera ni antecedentes ni armas del mismo calibre".
El cabo Villamizar, quien en el proceso fue mencionado con el apellido Villarreal, se convirtió en pieza clave en el caso del Palacio de Justicia, luego de que varios funcionarios de la Fiscalía le tomaran el testimonio que hoy causa la polémica.
Además, el testimonio que él supuestamente había dado fue clave para que se condenara a Plazas Vega por la desaparición de varias personas durante la retoma del Palacio de Justicia, ya que comprometía directamente al coronel retirado.
En la declaración que reposa en la Fiscalía, Villamizar habría asegurado que fue trasladado desde Granada (Meta) con 14 hombres para apoyar la retoma del Palacio y que después de dos días fue remitido a la Escuela de Caballería.
Allí -dice la declaración que fue desestimada en la sentencia por los mismos hechos contra el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales- vio a los rehenes y escuchó al coronel Plazas Vega decir: "Cuelguen a esos H. P.".
Sin embargo, ante el Ministerio Público, Villamizar desmintió que haya entregado testimonio alguno a la justicia y que hubiera sido citado a dar declaraciones ante la Fiscalía para confirmar lo que decía el documento, que además estaba firmado con el nombre de Édgar Villarreal.
Este lunes, Jaime Granados, abogado de Plazas, dijo que radicará en la Procuraduría General un derecho de petición solicitando detalles de la declaración de Villamizar, para anexarlo a las pruebas que tiene el Tribunal Superior de Bogotá, que revisa en segunda instancia la condena del coronel retirado.
Lo que dijo el testigo en la Procuraduría
"Mis apellidos son Villamizar Espinel y no Villarreal; soy natural de Cúcuta y no de Pamplona; la firma que aparece al final no es la mía, no soy; no culminé mis estudios universitarios (...). Para la época de la toma del Palacio de Justicia yo me encontraba en la Séptima Brigada, perteneciente al B2, y verificaba que las personas que iban a comprar un arma no tuvieran antecedentes ni armas del mismo calibre. En ningún momento me dijeron que hiciera, que me alistara para viajar, puesto que eso pertenece a otra Brigada, a la Séptima y los hechos ocurridos pertenecían a la Décimo Tercera Brigada, y yo no estaba dentro de esa jurisdicción (...). Tampoco es cierto que estuve en la Escuela de Caballería, la única vez que estuve en la Escuela de Caballería fue en el año de 1982, cuando me enviaron del Batallón Vargas a adelantar un curso de Contraguerrilla Urbana(...)"
"Trataron de contactarme (de la Fiscalía) vía telefónica sí, una persona que dijo que era de la Unidad de Derechos Humanos y que quería hablar conmigo de lo del Palacio de Justicia".
"(Me enteré) como en octubre de 2006, a través del Noticiero NOTICIAS UNO, por EL TIEMPO, por EL ESPECTADOR, eso fue un domingo por la noche, y al otro día me llama un familiar y me dice que prenda radio y ubique la FM de Félix de Bedout (...). Le resté importancia a eso que estaban diciendo, yo me decía que era mentira, pues manifestaban que yo había sido retirado por mala conducta, pero en el extracto de la hoja de vida que reposa en el archivo general de las Fuerzas Militares aparezco con conducta excelente".
"Quiero dejar bien claro, y estando libre de presión alguna, y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. Segundo, no he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega (...) y nunca estuve riendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería".
'EL CONGRESO NO PUEDE COMETER LOS MISMOS ERRORES CON LA CONSTITUCIÓN'
Según Jaime Castro, las reformas de la Carta la han convertido en una 'colcha de retazos'.
Esto opina el ex constituyente Jaime Castro. Agrega que es necesario devolverle unidad y coherencia.
Reformar la Constitución o expedir una nueva es una función que los colombianos hemos confiado al pueblo, a una Asamblea Constituyente y al Congreso. El pueblo lo hace en las urnas cuando aprueba o niega el texto jurídico que se somete a su consideración. Lo hizo en 1957, cuando constitucionalizó el Frente Nacional. También en octubre del 2003, cuando aumentó las inhabilidades de quienes cometan delitos que afecten el patrimonio del Estado.
A la Asamblea Constituyente, con ese nombre o el de Serenísimo Colegio, Convención o Consejo de Delegatarios, acudimos a lo largo del siglo XIX para la expedición de nuestras primeras constituciones. Entre 1905 y 1909 y entre 1953 y 1957 sesionaron asambleas tan poco exitosas que sus decisiones fueron derogadas, primero, en 1910 por otra asamblea y, luego, en 1957, mediante referendo que se llamó Plebiscito. La última de nuestras asambleas constituyentes se reunió en 1991. Expidió la Carta que nos rige hace 20 años.
Desde fines del siglo XIX, el Congreso ha sido la autoridad encargada de modificar la Constitución. En ejercicio de esa atribución adoptó importantes reformas en 1936, 1945 y 1968, gracias a las cuales la Carta de 1886 tuvo vida centenaria.
También ha reformado la Constitución de 1991 mediante la expedición de 29 actos legislativos (uno y medio por año).
Pronto aprobará los relacionados con las regalías, la sostenibilidad fiscal y la supresión de la Comisión de Televisión. Seguramente adoptará otro u otros más, que se agregarán a los proyectos ya anunciados sobre una nueva reforma política y sobre administración de justicia.
Algunos de esos 29 actos legislativos le rompen vértebras a la Carta del 91. Por ejemplo, el que autoriza la reelección presidencial inmediata, cuyos efectos perversos empiezan a verificarse; los que recortaron la participación de municipios, distritos y departamentos en los ingresos corrientes de la Nación y, en menor grado, el que autoriza la extradición de colombianos por nacimiento. Otros fueron dictados para dejar sin efecto sentencias de la Corte Constitucional. La mayoría tiene carácter coyuntural: se dictaron para tratar situaciones episódicas.
Tanta reforma suelta, disímil y dispersa ha vuelto colcha de retazos la Carta del 91, porque se han desmontado piezas e instituciones fundamentales.
Entre las reformas expedidas, además, no hay un pensamiento rector ni un hilo conductor que permita afirmar que con ellas se buscó una determinada forma de Estado o tipo de sociedad.
Ha chamboneado tanto el Congreso que comete graves errores en elementales asuntos jurídicos y de procedimiento. Por eso la Corte Constitucional ha tumbado expresiones, incisos y artículos de esas reformas y el texto completo de dos actos legislativos. Inclusive, el Congreso ha cometido equivocaciones de mera técnica legislativa: aprueba "artículos-sábana" por su extensión (tres páginas cada uno) y constitucionaliza leyes y decretos que cita con número y año de expedición, por lo cual, si un día se decide derogarlos o modificarlos, hay que cambiar la Constitución. Y ha procedido distraídamente: aprobó dos actos legislativos que disponen exactamente lo mismo, con las mismas palabras.
La mayor falla del Congreso consiste en no haber hecho la gran reforma que la Nación reclama, porque los cambios políticos, económicos y sociales de los últimos 20 años han sido volcánicos y conviene a todos interpretarlos y expresarlos institucionalmente. Porque hay reformas -como la judicial, la política y la regional y local- que se han vuelto asignatura pendiente: los gobiernos las ofrecen, pero no las presentan o el Congreso no las tramita. Y porque es necesario revisar los actos legislativos dictados después del 91 para darle a la Constitución la unidad y la coherencia que requiere.
Esa gran reforma no la hará el Congreso por las razones anotadas y por otras más. Como hoy nombra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y ese es el cordón umbilical que lo conecta para varios efectos con la administración de justicia, no renunciará a esa facultad. Tampoco tiene interés en cambiar las reglas de juego para acceder al poder en municipios y departamentos ni para ejercerlo y controlarlo, porque lo que en esas entidades ocurra define el poder político-electoral de la inmensa mayoría de senadores y representantes, pues dependen del número de ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores que cada uno de ellos controla y manipula.
Además, el déficit de legitimidad del Congreso es cada día mayor. Ha perdido representatividad regional y política.
La primera, porque buen número de departamentos no está representado en el Senado.
La segunda, porque la ciudadanía no siente que sean voceros suyos personas que considera producto del fraude electoral y que están o pueden estar vinculadas a uno u otro escándalo ('yidispolítica', 'parapolítica', manejo de los bienes de estupefacientes). Para la opinión, la degradación de la política se refleja en la composición de las Cámaras.
Lo antado inhabilita políticamente al Congreso para hacer la gran reforma que el país espera. Sin embargo, debe hacerla porque, conforme a la normatividad vigente, es el cuerpo constituyente ordinario de la Nación.
Pero para hacerla no puede cometer los errores que ha cometido como titular de ese poder durante los últimos tiempos. Tiene que preservar los principios y valores de la Carta del 91 y acomodarlos a las situaciones que vive el país. No puede continuar rebanando o "pedaceando" la Constitución, como si sus diferentes partes o instituciones no tuviesen nada que ver unas con otras.
Si las Cámaras no cambian la forma como han hecho uso del poder constituyente que les corresponde, en poco tiempo habrán creado una situación de atraso político-institucional comparable a la que el país vivió a fines de los años 80 y que le abrió las puertas a la Constituyente, hace 20 años.
En manos del Congreso mismo, y de nadie más, está, entonces, que las Cámaras sigan siendo titulares del poder que siempre han tenido, pero que no han ejercido en debida forma cuando han reformado la Constitución del 91.
J. M. Santos, en encuentro con la Constitución
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hablará en la apertura del foro que Casa Editorial EL TIEMPO y la Universidad de los Andes realizarán el próximo 21 de junio, para celebrar los 20 años de la Constitución. El evento, en el que protagonistas y expertos analizarán el alcance histórico de la Carta, se llevará a cabo en el Auditorio Mario Laserna de esta universidad, a partir de las 8:30 a.m.
RECORDANDO LA CONSTITUYENTE
El régimen de Estado de Sitio llegó a su fin
Había sido creado POR la carta de 1886
La Constitución de 1991 sustituyó el Estado de Sitio, un régimen de excepción consagrado en la Carta de 1886. El nuevo régimen establece que "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior".
La cultura, un derecho
Así se consagró en la carta
La Constituyente consagró como principio fundamental el reconocimiento y la protección, por parte del Estado, de la diversidad étnica y cultural de la Nación. En el Artículo 8 de la Constitución de 1991 se determinó que el Estado y los ciudadanos tienen la "obligación de proteger las riquezas culturales y naturales" del país.
Lo aprobado hace 20 años
La Carta de 1991 consagró, en su Artículo 15, el derecho de todas los ciudadanos a su intimidad personal y familiar y al buen nombre.
Así lo aprobó el 23 de abril de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente, que también estableció como deber del Estado "respetar y hacer respetar" estos derechos.
Para garantizar la intimidad de las personas, se determinó que "la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables" y que estas solo podrán ser "interceptadas o registradas mediante orden judicial".
JAIME CASTRO
EDITORIAL: MUERTE DIGNA Y EN DIRECTO
Cada ciudadano es dueño de su vida, y está bien que se le reconozca el derecho a decidir sobre ella.
Peter Smedley fue un hotelero inglés heredero de una fortuna amasada en la industria de alimentos. Tras una vida de éxitos y placidez, hace dos años le diagnosticaron una enfermedad neuronal motriz. La prognosis auguraba parálisis progresiva y muerte por asfixia. Smedley optó por no someterse a semejante suplicio y acudió a la clínica Dignitas, de Zúrich, que ayuda a bien morir. Acompañado por su esposa, ingirió el pasado 10 de diciembre un coctel de barbitúricos y chocolate que le causó una muerte tranquila pocos minutos después.
Smedley no es el único británico que ha acudido a la clínica suiza, donde la ley permite el suicido asistido. Más de 160 compatriotas suyos y más de 450 europeos lo han hecho desde que la institución se fundó en 1988. Pero se trataba de un caso especial, pues Smedley invitó a un equipo de televisión de la BBC dirigido por el escritor Terry Pratchett para que filmara sus últimos momentos. El resultado fue el documental Escogiendo morir, cuya emisión se programó anoche en Inglaterra en medio de gran polémica. Entidades opuestas a la eutanasia pidieron que el Estado quitara a la BBC los fondos para este tipo de espacios, mientras las organizaciones defensoras de libertad de morir dignamente aplaudían la emisión y el debate sobre el espinoso asunto.
Como si faltaran más elementos dramáticos, Pratchett padece de amnesia y anunció que él también escogerá cómo y cuándo quiere morir. El escritor, autor de varios bestsellers, pide una ley que permita el suicidio asistido en Gran Bretaña y un equipo de médicos que suministre las sustancias necesarias para que los enfermos terminales puedan morir sin dolor en su casa y con los suyos. Coincidencialmente, hace apenas 11 días falleció en Estados Unidos, a los 83 años, Jack Kevorkian, el 'Doctor Muerte', que inventó dos aparatos gracias a los cuales quienes optan por la eutanasia voluntaria pueden quitarse la vida sin ayuda médica. Más de 130 personas han fallecido de este modo en EE. UU.
En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó ciertos casos de eutanasia en 1997. El ciudadano es dueño de su vida, y está bien que la ley le reconozca este derecho. Pero, como lo demuestra el caso de la BBC, se trata aún de un tema tabú que debe debatirse con serenidad y sin prejuicios.
EL ESPECTADOR
REVOLCÓN AL ESTADO
En un mes estará lista separación de ministerios y reforma al Inpec
La Esap presentará el informe final que permite la reestructuración.
El Gobierno Nacional alista la separación de los ministerios del Interior y Justicia, dentro del proceso del ‘revolcón’ autorizado al amparo de las facultades especiales, aprobadas por el Congreso.
Dentro de éste, el director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Honorio Miguel Henríquez, dijo que se encuentra en su última etapa el estudio la creación de los dos nuevos ministerios, Interior y Justicia, y la modificación a la estructura del Inpec.
Para finales del julio estará listo el informe final que permite la creación de los nuevos despachos del gabiente presidencial con los ajustes necesarios con lo cual el Gobierno podrá emitir el decreto respectivo.
Henríquez dijo a Caracol Radio que está también en su última etapa la nueva Agencia Colombiana de Reintegración que se encargará de todo el proceso de las familias desplazadas y desmovilizadas.
TESTIGO CLAVE DE HOLOCAUSTO DEL PALACIO HABRÍA SIDO SUPLANTADO: PROCURADURÍA
También pidió que se reabra la investigación que se adelantaba por estos hechos a la exfiscal Ángela María Buitrago.
Que se reabra la investigación contra la exfiscal Ángela María Buitrago, por la supuesta suplantación de un testigo en el proceso por el holocausto del Palacio de Justicia, solicitó la Procuraduría General de la Nación; sostiene que el principal testigo del caso pudo haber sido suplantado, alterando la veracidad de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El Ministerio Público considera que la actuación adelantada por la exfuncionaria en contra de varios militares que participaron en el operativo de retoma estuvo plagada de inconsistencias, toda vez que el material de prueba, a juicio del organismo de control, no demuestra la responsabilidad penal de agentes de la Fuerza Pública en la desaparición de 11 civiles.
Frente al caso particular, señala que un testigo clave, como el de Édgar Villamizar Espinel, pudo haber sido suplantado, toda vez que en el expediente fue registrado también como Édgar Villareal, pese a que la fiscal y la parte civil han insistido que se trata de un error de digitación por parte del despacho a cargo.
Según la entidad, el testigo afirmó que su firma y su nombre fueron alterados, pues él nisiquiera fue conducido a Bogotá y había permanecido en la Séptima Brigada del ejército, con sede en Villavicencio, Meta, en la época de los hechos.
Asimismo, reiteró su requerimiento al Tribunal Superior de Bogotá para que revoque la sentencia que por estos hechos fue dictaminada en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega quien para la época de los hechos, comandaba la Escuela de Caballería del Ejército Nacional.
El oficial (r) fue sentenciado a 30 años de prisión, al ser hallado responsable de la desaparición forzada de los empleados y visitantes de la cafetería del Palacio, por decisión de la juez tercera penal especializada de Bogotá.
Cabe recordar que en su momento el exfiscal general (e ) Guillermo Mendoza Diago ordenó la remoción de la investigadora Buitrago en uno de los procesos que adelantaba por el homicidio del magistrado Carlos Horacio Urán, que se dio en el marco de la retoma del edificio.
Horas después de conocerse la decisión, la misma Ángela María Buitrago presentó su renuncia al cargo que ocupaba en el ente acusador como fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
DESPLAZADOS NO ESTÁN OBLIGADOS A PRESTAR SERVICIO MILITAR, REITERA LA CORTE
El tribunal constitucional asegura que autoridades están obligadas a expedir libreta provisional.
Jóvenes en situación de desplazamiento no están obligadas a prestar el servicio militar, reiteró la Corte Constitucional, a través de una sentencia de tutela, en la que ordena desacuartelar a un campesino azotado por la violencia.
"La obligación de prestar servicio militar en las personas desplazadas no es un imperativo (...) por lo que el Estado está en la obligación de entregar la libreta de manera provisional", sostuvo el alto tribunal.
El caso se refiere a un joven que sufría de trastornos de bipolaridad, es decir, de doble personalidad y, pese a esta afección, sumada a su condición de desplazado, fue reclutado.
En consecuencia, el Batallón Especial Energético Vial Numero Cuatro deberá desacuartelar al bachiller, toda vez que pertenece a un grupo poblacional que, como el de los desplazados, debe gozar de un cuidado especial por parte de las autoridades.
EDITORIAL
IMPROVISACIÓN TRIBUTARIA
Por: Elespectador.com
El impuesto a las transacciones financieras (ITF) —en ese momento 2x1.000— se creó como medida transitoria en 1998 tras el terremoto de Armenia.
Con el tiempo, el impuesto se fue incrementando según las necesidades estatales de gasto: primero a 3x1.000 en 2000, luego a 4x1.000 en 2003 y, finalmente, como no podía faltar con las llamadas ‘medidas temporales’ en el país, se hizo permanente en 2006 con la Ley 111. Según los congresistas, porque quienes pagaban el ITF eran, en realidad, los dueños de los bancos, no las personas de a pie. Un argumento con amplia acogida y no del todo errado: son las grandes instituciones financieras las que más transacciones realizan y, por tanto, las que más ITF pagan —además de ser las que más y más duro se quejan por eso—. No obstante, si bien hay varios ajustes pendientes para proteger a los usuarios de los excesos del sistema financiero —unos que incluso pueden costar más que el impuesto a las transacciones—, el ITF ha sabido también maltratar al ahorrador corriente, pues ha contribuido a que tener dinero en el sistema financiero sea más costoso.
No en vano la tenencia de dinero en efectivo, en relación con el uso de cuentas corrientes, aumentó en 10 puntos porcentuales entre 2004 y 2010. Y, con tanto dinero por fuera del sistema, era de esperarse que el recaudo por ITF disminuyera, como en efecto lo hizo: pasó de un ingreso del 0,7% al 0,6% del PIB en el mismo período. Pero la preferencia por efectivo no sólo aumenta la evasión y la elusión: patrocina la informalidad y torpedea la profundización del sistema bancario. Aunque se han logrado avances, nuestro nivel de bancarización del 62% —en 2006 era apenas del 51%, pero supo ampliarse por la dispersión a través del sistema financiero de los subsidios de Familias en Acción— sigue por debajo de países de iguales ingresos al nuestro. Lo que significa, entre otras cosas, que nuestras tasas de ahorro y crédito formal siguen por debajo de estos países.
En un reciente estudio hecho por ANIF se mostró que si se lograra canalizar por vías formales las transacciones financieras, en lugar de recurrirse exageradamente al uso del efectivo, además de reducirse crímenes como el llamado ‘fleteo’, se lograrían ingresos por el 0,9% del PIB. La idea detrás es sencilla: si se reduce el costo, aumenta la demanda por los servicios financieros y la pérdida en el margen de recaudo se compensa en volumen. La demostración, sin embargo, es más difícil y éste, como otros estudios, debe sujetarse a discusión. Con todo, aunque periódicamente vuelven las investigaciones al debate público, ni al Congreso ni al Gobierno se les ocurre hablar de una verdadera reforma tributaria que logre recaudar esos 0,6% del PIB sin atentar contra la democratización del sistema bancario, o al menos justificar, con el rigor del caso, la necesidad de la existencia del ITF.
No ha sido provechoso que quienes más investigaciones realicen sean las partes interesadas. El ITF es un impuesto antitécnico, pero sólo en teoría; en la cual, por demás, se han desarrollado primariamente los gravámenes al consumo y al ingreso, no a las transacciones. Los estudios sobre la evidencia son escasos. En un país como Colombia, contar con un impuesto de tan fácil recaudo no deja de ser interesante. Pero habría que sustentarlo. Lo que implica, entre otras, ver por qué ha aumentado la tenencia en efectivo en relación con la cuenta corriente y qué puede estar justificando la caída en el ingreso por motivo del ITF. No sería sorprendente que por lo menos el recaudo haya disminuido porque los bancos aprendieron a esquivar la medida. Pero todo es especulación mientras el Estado improvise y sean otros los que justifiquen.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
En la reforma administrativa de Carlos Lleras Restrepo de 1968 se fijó la edad de retiro forzoso para gran cantidad de cargos, sobre todo en la Rama Judicial.
Sin embargo la Corte Constitucional salió con una tesis de que para ella y para otras corporaciones y entidades que habían sido creadas en la Constitución del 91, no operaba porque no estaban enumeradas en los decretos de Lleras. Es decir, un magistrado de la Corte Suprema no puede administrar justicia cuando cumple 65 años, pero sí puede hacerlo cuando se halla en el Consejo de la Judicatura, así tenga 70 u 80.
Este planteamiento lógico lo planteó en una tutela Jaime Moreno cuando se desempeñaba como consejero de Estado y llegó a la grave edad de 65, sin cumplir la totalidad de su período. Se la negaron y debió salir de la magistratura. Al mismo Moreno lo ternaron para la Alcaldía de Bogotá y salieron con el cuento de que estaba inhabilitado, siendo que los cargos de elección popular no tienen edad de retiro forzoso. Si bien su candidatura era para ser nombrado, el cargo de alcalde no está entre aquellos en los que opera el retiro forzoso por edad.
En el caso de que hubieran nombrado a Moreno como alcalde, no hay que descartar que el 31 de diciembre de este año, cuando terminan los períodos de los alcaldes, hubiera presentado la misma tutela de antes alegando su derecho fundamental a desempeñarse en el cargo hasta completar los cuatro años, la totalidad del período. ¿Será por eso que no lo nombraron? La cosa no está Clara.
EL NUEVO SIGLO
PROPONEN AMPLIAR CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN MÁS ALLÁ DE LO RACIAL
También se penalizaría la segregación por religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
Ampliar el concepto de discriminación racial para que la ley que penaliza esa conducta abarque otros tipos de segregación, propuso en el pliego de modificaciones que presentará hoy en la Comisión Primera de la Cámara el ponente, el representante bogotano Alfonso Prada, del Partido Verde.
Prada propone que, además de la discriminación por raza, se castigue también la segregación por religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
Se trata del proyecto de Ley 165 de 2010 Cámara – 08 de 2010 Senado, “por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”, en relación con la discriminación racial, iniciativa presentada por la bancada del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira) y que ya fue analizada por el Senado en primer y segundo debate.
Entre las modificaciones figuran en la ponencia, por ejemplo, la consignada en el artículo primero, “objeto de la ley”. Allí, en el original, se señalaba que “esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos fundamentales de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través del racismo y la discriminación racial”, mientras que la parte final fue reemplazada por “a través de actos de discriminación”.
Para el ponente, “el objeto de esta ley debe ser ampliado a todos los tipos de discriminación, con base en los modelos de leyes antidiscriminación que tienen en otros países y porque no existe un criterio razonable para penalizar la discriminación contra un solo grupo poblacional”.
También se cambiaría el artículo 3, que propone reformar el 134A del Código Penal. Según el proyecto original se proponía esta nueva redacción: “El que mediante actos inequívocos promueva, provoque, incite agresión física y/o verbal, de intolerancia, vejamen, desprecio o cualquier actitud de violencia en contra de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, fundado en motivos raciales o étnicos, incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Con la modificación quedaría así: “El que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Explicó Prada que, “con base en las consideraciones expresadas, se considera necesario incluir en la ponencia un tipo penal mediante el cual se establezcan sanciones por la comisión de actos de discriminación no solo racial sino también por razones de religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, por lo que es necesario además eliminar el artículo del proyecto de ley que consagraba el delito de racismo y en consecuencia tipificar el delito de actos de discriminación”.
Genocidio
Pero, además, Prada propuso algo nuevo con respecto al proyecto original, adicionando un artículo 7 que reformaría el 102 del Código Penal: “Apología del Genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666,66) a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses”.
Al argumentar este cambio, Prada sostuvo que “en vista de que los actos de discriminación que realizan algunas personas pueden estar bastante relacionados con conductas encaminadas a promover el genocidio, se considera pertinente ampliar el tipo penal de Apología del Genocidio tomando el modelo del Código Penal español, en su artículo 607 en el que se considera delito la negación de conductas tipificadas como genocidio en el mismo Código”.
Prada concluyó su exposición, manifestando que “de conformidad con lo establecido en las anteriores consideraciones se observa a todas luces que al ser deber del Estado el garantizar, a todos los habitantes del territorio colombiano, la igualdad de trato con independencia de su condición natural o social, su ideología, cultura, y demás rasgos definitorios de la identidad individual, este Proyecto de ley debe constituir un paso hacia adelante en la protección de las personas contra toda forma de discriminación, y ampliar los actos de discriminación a todo tipo de distinción injustificada que cause un grave perjuicio a una persona”.
PIDEN REVOCAR CONDENA CONTRA CORONEL PLAZAS
Por considerar que existe nueva prueba en el proceso contra el Coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación pidió la revocatoria de la condena proferida por la Juez 3ª Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
De acuerdo con la declaración que rindió ante el Ministerio Público el principal testigo en el proceso, este habría sido suplantado y el testimonio que se rindió no corresponde a la realidad.
La información suministrada por el señor Edgar Villamizar Espinel ante la Procuraduría General de la Nación señala que tanto los apellidos como la firma que se registraron en el documento que recoge la declaración que entregó la Fiscalía no corresponden a la suya, con lo cual se podría demostrar la suplantación que se hizo de su nombre en el proceso.
Villamizar Espinel en su declaración dijo que “para la época de la toma del Palacio de Justicia yo me encontraba en la Séptima Brigada perteneciente al B2 y mi función era que la gente que solicitara la compra de un arma no tuviera ni antecedentes ni armas del mismo calibre”.
Continúa que “en ningún momento me dijeron que hiciera que me alistara para viajar (sic), puesto que eso pertenece a otra Brigada la Séptima y los hechos ocurridos pertenecían a la Décima Tercera Brigada y yo no estaba dentro de esa jurisdicción. La única manera para poder haber estado allá era que estuviera en comisión de estudios pero no fue así.”
Negó haber estado en la Escuela de Caballería y dijo que “nunca he visto personalmente al Coronel Plazas, no lo tuve como comandante, solamente lo he visto por televisión”.
Villamizar Espinel pidió protección especial para su familia pues considera que su integridad corre peligro.
La Procuraduría General de la Nación también solicitó que se reabra la investigación en contra de la Fiscal Delegada que conoció el proceso, Ángela María Buitrago Ruiz, por la supuesta suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel.
ESTADO: VICTIMARIO Y REPARADOR
Por HUGO QUINTERO BERNATE
“Lo único que ha cambiado es que ahora estamos en 2011”
EL país parece querer recuperar la decencia perdida después de tantos años de cruel indiferencia ante el drama de los miles de desplazados y de víctimas de todas las guerras que nos han azotado durante más de sesenta años. Ya no sabemos si son violencias sucesivas que vienen desde antes del 48, cuando Gaitán reclamaba en la marcha del silencio algo tan simple y elemental como que se respetara la vida de los campesinos, o es una sola que desde entonces o desde antes se abate sobre la Colombia rural y últimamente también sobre la urbana.
Desde esa época hasta ahora, detrás del conflicto siempre ha estado la tierra, o mejor, la lucha por su propiedad. Ya sea para cultivar quina, caucho, palma, marihuana o coca y para criar ganado, en cualquier época, a quienes tienen la tierra se la han robado, los han desplazado o los han matado para quitársela. De vez en cuando el Estado advierte que el despojo ha llegado muy lejos, o que la causa real del conflicto interno es ese, e intenta reparar el tema, de la manera como se estila en este país de leyes. La 200 de 1936 o la 135 de 1961, son dos ejemplos de intentos legislativos de redistribución de la tierra, que como el de la actual Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, también fueron obra del Partido Liberal.
Asimismo, siempre ha habido contrarreformas, casi todas de facto, desde el “Pacto de Chicoral” hasta el “De Ralito”, los terratenientes y ganaderos siempre se las han arreglado para dejar las cosas como antes o por lo menos para empeorarlas. El método ha sido el mismo, sólo les cambian de nombre a los ejecutores: “Pájaros”, “Chulavitas” o “Paracos”, matan igual.
Y de eso, del método, es que habla una reciente sentencia de la Corte Constitucional: la T-076 de 2011. Allí se resuelve la extinción de la propiedad del predio “La Porcelana” ubicado en jurisdicción de Cáceres (Antioquia). En los hechos de esa providencia está todo el conflicto colombiano actual. Una finca enorme. Unos campesinos que la explotan pacíficamente por más de 15 años sin reconocer propiedad ajena; un propietario aparente, paisa para más señas, que los quiere sacar; unos paramilitares apoyando al “propietario”; unos ocupantes que “vendieron” y otros que se quedaron a defenderse; una institución pública prestándose para legalizar el despojo -el Incoder- y otra peleando en contra de ese despojo -la Procuraduría-; y, por supuesto, no podían faltar los otros dos elementos del conflicto: un comandante militar que expide una certificación para favorecer a “las personas de bien” y cultivos de coca en algún sector del predio en disputa.
Todo es igual que hace 60, 50 ó 40 años. Lo único que ha cambiado es que ahora estamos en 2011, la cifra de desplazados ya va en cuatro millones y la de leyes de tierras por cuatro
REVISTA SEMANA
PROCURADURÍA PIDE REVOCATORIA DE LA CONDENA CONTRA EL CORONEL PLAZAS VEGA
La petición del Ministerio Público se sustenta en que el principal testigo del proceso habría sido suplantado, por tanto su testimonio no sería real.
La Procuraduría General de la Nación pidió la revocatoria de la condena proferida en contra del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, debido a que considera que hay una nueva prueba en este proceso.
Se trata del principal testigo, Édgar Villamizar Espinel, quien declaró ante la Procuraduría que fue suplantado y que el testimonio que se rindió a su nombre no corresponde a la realidad.
Según relató Villamizar Espinel, tanto los apellidos como la firma que se registraron en el documento que recoge la declaración que entregó a la Fiscalía no corresponden a la suya, con lo cual se podría demostrar que hubo una suplantación en el proceso.
En su declaración, Villamizar negó haber estado en la Escuela de Caballería en la época de la toma del Palacio de Justicia y agregó que “nunca he visto personalmente al coronel Plazas, no lo tuve como comandante, solamente lo he visto por televisión”.
El señor Villamizar Espinel pidió protección especial para él y su familia pues considera que, luego de esta declaración, su vida corre peligro.
Con base en estos hechos, la Procuraduría solicitó que se reabra la investigación en contra de la fiscal delegada Ángela María Buitrago Ruíz, por la supuesta suplantación de esta persona.
Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión hace un año, al considerársele responsable de la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia, que se efectuó entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
TARDE QUE TEMPRANO, LA LEGALIZAN
Por Jorge Gómez Pinilla*
El mundo entero está urgido en que se acabe una guerra tan absurda y delirante, centrada en la prohibición al consumo de determinadas sustancias.
En diciembre de 2008, unos días antes de la posesión de Barack Obama escribí para un diario nacional una columna titulada Obama, “legalízala”, entre comillas porque citaba un capítulo futurista de la serie Los Simpson, donde Lisa convertida en presidenta de Estados Unidos le preguntaba a su hermano Bart qué quería para él, y éste le respondía: “legalízala”. Pero ocurrió que la editora a cargo decidió cambiar las comillas por signos de admiración (¡legalízala!), de modo que quedó como si el autor de la columna estuviera urgido en el asunto.
Urgido no está el suscrito sino el mundo entero en que se acabe una guerra tan absurda y delirante, centrada en la prohibición al consumo de determinadas sustancias, contrario a lo que percibe el sentido común, a saber: que es un imposible ético y jurídico –además de un atentado contra la autonomía individual- prohibirle a un ciudadano en uso de sus facultades racionales que se intoxique, o se emborrache, o estrelle su cabeza contra las paredes o, llegado a un extremo, se suicide.
En consonancia con este planteamiento, la Comisión Global de Política de Drogas (integrada entre otros por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo), acaba de advertir que "si se parte de la idea de que cualquier consumo es un delito y un crimen, es muy difícil encontrar alternativas". Con lo cual, de paso, extendieron lazos hacia una eventual legalización del consumo.
El tema cobra actualidad porque la guerra contra las drogas adquiere cada día más visos de ser un monumental fracaso -como lo fue en USA la prohibición del alcohol o Ley Seca, de 1920 a 1933-, en reiterada confirmación de que el fruto prohibido es el más gustado. Hoy México asiste atónito y agónico al espectáculo diario de violencia asesina que brindan poderosas mafias del narcotráfico, con suficiente poder de fuego para intimidar a la población y dinero de sobra para infiltrar los más altos niveles, en copia a escala de una situación ya vivida en Colombia y de la que aún no se conoce del todo hasta dónde llegó la infiltración.
En este contexto, son cada día más numerosas y calificadas las voces que le piden a Estados Unidos un replanteamiento, y si hasta ahora no han sido escuchadas no es porque la razón no las acompañe, sino porque a Estados Unidos le conviene más en términos estratégicos y geopolíticos mantener su supremacía mediante acciones permanentes de combate global contra las drogas, antes que adoptar políticas de corte liberal que pudieran interpretarse como una claudicación en el frente de batalla.
No es por ello de extrañar que el mismo Barack Obama que, siendo candidato se declaró partidario de repensar y despenalizar las leyes sobre la marihuana ("rethink and decriminalize our marijuana laws", dijo en 2004), sea el mismo que como presidente de la nación más poderosa del mundo recula y asume posiciones más conservadoras, peligrosamente coincidentes con las de su antecesor George Bush.
Ahora bien, una cosa es el discurso oficial y otra lo que en la práctica viene ocurriendo, con una tendencia cada vez más marcada hacia la descriminalización. Fue así como el mismo día que el portavoz de la Casa Blanca declaró que no habría ningún cambio en la lucha anti-drogas, se anunció la apertura en Phoenix, Arizona, de la primera tienda que ofrece a su clientela todo el equipo, químicos y productos necesarios para cultivar marihuana hidropónica: una supertienda de la franquicia WeGrow, llamada "el Walmart de la marihuana", que atiende el nuevo mercado surgido tras la aprobación de la ley estatal que permite el consumo de cannabis con fines medicinales.
Hoy en Estados Unidos el valor anual de la cosecha de marihuana totaliza 35.803 millones de dólares, unos 84 billones de pesos colombianos, más de ocho veces el valor de la producción agraria de Colombia, con lo que se ha convertido en el cultivo de mayor valor en ese país, ¡por encima del maíz! Ello explicaría en parte por qué con el paso de los años se ha venido afianzando una cultura permisiva en torno a la otrora 'hierba maldita', cuya manifestación más palmaria es la serie de dibujos animados con mayor éxito en el mundo entero, Los Simpson, donde en forma reiterada se les rinde homenaje a los cultores de su consumo.
Algún analista internacional había expresado que "la legalización solo ocurrirá cuando el consumo sea un fenómeno imposible de frenar, pero el negocio esté bajo pleno control norteamericano". Puesto que las condiciones están dadas, es previsible que la despenalización de la producción, la venta y el consumo de las drogas comenzará (si no es que ya comenzó) por la aceptación social de la marihuana.
Así las cosas, del mismo modo que contra todos los pronósticos en Estados Unidos asumió la Presidencia el hijo de un inmigrante nacido en Kenia, nada de raro tendría que en un futuro no lejano obtuviera más simpatías de sus conciudadanos el candidato que prometiera una hierba de mejor calidad, más barata o con mayor potencial sicodélico.
Sea como fuere, con la que ya hay, alcanza y sobra para todos.
VOTOS POR DERECHOS ¿QUIÉN SE LE MIDE?
Por Carolina Bernal Uribe*
¿Alguien les ha preguntado a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá qué tienen para ofrecerles a las personas con discapacidad?
Aunque muchos no se enteraron, porque este no es el tema que más vende en los medios de comunicación, hace algunas semanas Colombia se convirtió en el país número 100 en ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Eso significa no sólo que el país quede bien internacionalmente por reconocer los DDHH de las Personas con Discapacidad (PCD), sino también, y más importante, que decidió obligarse a ver con otros ojos a esta población.
¿Cuál de los candidatos se le medirá entonces a cumplir con la Convención haciendo propuestas que beneficien a las PCD? Por supuesto la relevancia de la CDPD no se limita a su potencial electoral; sin embargo, desde la lógica de las votaciones, no es irrelevante el número de personas a las que potencialmente podría interesar cierto tipo de propuesta de campaña. Menos aun cuando se trata de un grupo relativamente más organizado que otros, y que perfectamente puede votar por quien en verdad se interese por sus derechos.
Aunque existen divergencias grandes entre los distintos registros, el número de PCD en Bogotá para 2005, de acuerdo con el censo de ese mismo año, fue de poco más de 330 mil. De haberse mantenido la proporción, para 2011 habría en la ciudad cerca de 370 mil PCD. Sin embargo, estadísticas extraoficiales aseguran que el número es mucho mayor.
Para todas esas personas, el respeto y la garantía de algunos de sus derechos depende, en gran medida, del manejo que dé a ciertos temas la administración entrante. Es así como, las estrategias que adopte la nueva alcaldía en relación con al menos cuatro temas –movilidad y transporte, salud, educación y empleo-, resultarán esenciales para predecir las condiciones en las que se desarrollarán las vidas de las PCD en los próximos años.
Uno de los retos para la alcaldía es sin duda el de mejorar la movilidad y el transporte urbano. Además de discutir si se sigue adelante o no con el Proyecto de Metro para Bogotá, los candidatos tendrán que repensar de qué manera decisiones como la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP- podrían armonizarse con la CDPD, que ordena que los sistemas de transporte sean accesibles. En el caso del SITP esto no parece claro, pues se estableció que el sistema contaría sólo con dos buses accesibles, de los 950 con los que funcionará en promedio cada zona. Me pregunto entonces ¿cuánto tendrá que esperar una PCD, en una de las zonas grandes como Usaquén, para que llegue el bus que le sirve?, ¡¿1 hora, 2, 3?!
Según el proyecto “Bogotá Cómo Vamos”, la ciudad ha alcanzado logros en las áreas de la salud y educación que se evidencian, por ejemplo, en la gratuidad de la educación y en la ampliación de la cobertura de salud. En esa medida, se esperaría que la administración entrante mantuviera lo alcanzado y continuara fortaleciendo estas áreas. Sin embargo, existen grandes brechas entre las condiciones de la generalidad de los ciudadanos y las de aquellos con alguna discapacidad. Mientras que el 96% de los primeros está afiliado al Sistema de Salud, sólo un 73% de los segundos lo está (según DANE y Min. Protección Social).
En relación con el empleo, la Convención dispone que las PCD deben contar con la posibilidad de trabajar en las mismas condiciones que las demás. Sin embargo, según el Registro de Personas con Discapacidad del DANE sólo una pequeña porción de los registrados a nivel nacional cuentan con empleo (el 15% frente a un 55% de tasa de ocupación nacional). De ese porcentaje la mayoría de hombres está empleada en actividades agrícolas, y de mujeres, en el sector de servicios. Estas cifras representan sin duda un reto para el próximo gobierno local, que debería no sólo buscar incrementar el porcentaje de PCD empleadas, sino también crear opciones laborales urbanas para ellos.
CMI
TAMBALEA CONDENA CONTRA CORONEL EN RETIRO PLAZAS VEGA
La Procuraduría pidió revocar la condena a 30 años de prisión impuesta al excomandante de la Escuela de Caballería del Ejército, coronel en retiro Alfonso Plazas, por los hechos del Palacio de Justicia.
La petición del procurador general, Alejandro Ordóñez, se fundamenta en la existencia de una nueva prueba que desvirtúa la prueba reina con que la Fiscalía basó la investigación que terminó con la condena de Plazas.
En este sentido, la Procuraduría reveló este testimonio rendido el pasado 11 de Mayo por el exintegrante del B-2, Edgar Villamizar Espinel, en el que pide protección y asegura que fue suplantado por la Fiscalía.
El testigo advierte que en la versión fraudulenta de la Fiscalía aparece como Edgar Villareal, su firma fue falsificada y nunca dijo lo que aparece consignado por dicha institución.
El testimonio de Villamizar fue uno de los ejes fundamentales en los que se basó la Fiscalía para determinar la responsabilidad del coronel en retiro Plazas Vega.
Sin embargo, en la nueva versión asegura que nunca estuvo con ningún detenido en la Escuela de Caballería cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia, contrario a lo que aseguró en el juicio la Fiscalía.
En virtud del nuevo testimonio, la Procuraduría pidió la revocatoria de la condena a treinta años que impuso un juez especializado de Bogotá.
CARACOL RADIO
PRESIDENTE SANTOS BUSCARÁ ARMONÍA DE PODERES EN REUNIÓN CON ALTAS CORTES
El presidente Juan Manuel Santos sostendrá este martes una reunión con los Presidentes de las Altas Cortes, en la Casa de Nariño, con el fin de garantizar un dialogo permanente con la rama judicial y evitar cualquier tipo de enfrentamiento.
El Presidente Juan Manuel Santos reiterará a los representantes de la Rama Judicial disposición del Gobierno Nacional de mantener una relación constructiva y un diálogo permanente con el poder judicial.
“Establecer unos diálogos permanentes que creo yo que lo único que producen es beneficio para todos, para las Cortes, para el Gobierno y para el país. Y tienen ustedes la seguridad de que aquí, este Presidente, desde el 7 de agosto, lo que ha querido es establecer esa relación constructiva con las Cortes. Así seguiré”, recalcó el Jefe de Estado.
La reunión se da luego de que el gobierno no compartiera las determinaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en los que, respectivamente, declaró inadmisible como material probatorio la información contenida en el “computador de Raúl Reyes” y se condenó al Estado en el caso de la toma guerrillera a la base militar Las Delicias.
En la reunión de hoy entre el presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de las Altas Cortes el Gobierno Nacional no va a refutar los fallos de la rama judicial, que originó el encuentro en un principio. Según el ministro del Interior, Germán Vargas, Santos insistirá en que acatará las decisiones que se emitan, pero está abierto a concertar la reforma a la justicia.
“Queremos conocer la reforma que ellos también están preparando, porque eso mejora el nivel de interlocución. Hasta la fecha somos los únicos que hemos hecho contrapropuesta”, indicó Vargas.
La propuesta del Ejecutivo va encaminada a acelerar los fallos judiciales, descongestionar la rama y facilitar su administración, al eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Así mismo se busca blindar a la Nación de pagos millonarios por tutelas, a través de la reglamentación de esta figura.
Durante el encuentro de hoy el Gobierno también insistirá en que con o sin consensos, la reforma será radicada el próximo 20 de julio, y el último encuentro sobre el tema se llevará a cabo la próxima semana.
“Nosotros no tendríamos inconveniente (de estudiar más propuestas), lo cierto es que el 20 de julio va la reforma”, finalizó Vargas.